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Así lo indicaron altos funcionarios de la secretaría y el único empleado que hacía relevamiento satelital, quien junto a otras personas clave del área fue despedido tras un pedido de un abogado de entidades agropecuarias a las autoridades. Ahora, habría sólo seis funcionarios controlando delitos ambientales
La Secretaría de Ambiente de la Provincia dejó cesantes a 19 contratados, nueve de los cuales se dedicaban a controlar distintos delitos ambientales en todo el territorio provincial. Según indicó un alto funcionario de esa dependencia, hoy sólo seis personas se dedican a esa tarea. El control de los desmontes fue el área más afectada, donde tras el reclamo de un abogado de Cartez y la Sociedad Rural de Jesús María al secretario de ambiente Federico Bocco despidieron a tres personas clave para comprobar denuncias y multar a los infractores.
Uno de los despidos más importantes ocurridos en la Secretaría de Ambiente en las últimas semanas fue el del biólogo Facundo Fernández, única persona encargada de controlar mediante relevamiento satelital los desmontes ocurridos en todo el territorio provincial y comprobar ilícitos para sancionar a los infractores.
Fernández denunció que su contrato, al igual que el de una abogada y un inspector clave en esta área, fue dado de baja siete días después de que el abogado Raúl Carranza, representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y de la Sociedad Rural de Jesús María, presentara una nota al secretario de ambiente afirmando verse perjudicado por el desempeño de dichos empleados.
La información fue corroborada a este diario por un alto funcionario de la Secretaría de Ambiente, quien afirmó que “hay una extraña coincidencia” entre la nota enviada por Carranza y los contratos cesanteados, que según las autoridades se debieron a que los empleados no se adecuaban a los objetivos de la gestión actual.
“Lo que pasa es que este abogado hace unos negocios fabulosos defendiendo desmontadores y como se lo condenaba a pagar la multa le arruinaban el negocio. Él tiene sus amigos y cómplices acá adentro”, señaló un funcionario consultado por PUNTAL.
A raíz de los últimos despidos, actualmente el Área de Control y Fiscalización Ambiental sólo está actuando ante emergencias de desmontes puntuales ya consumados que denuncian los vecinos, pero no hay personal dedicado a detectar deforestaciones ilegales ni a corroborar infracciones para labrar multas.
Además, Fernández denunció que durante su desempeño el área ya se veía desbordada por la cantidad de trabajo y el escaso personal. Y destacó que en alrededor del 70% de los planes de deforestación aprobados por la Provincia se cometieron infracciones.
A esto se suma que, por problemas de logística, hasta junio de este año -cuando fue despedido- el biólogo debía trabajar con imágenes satelitales correspondientes a 2011 para detectar desmontes que en muchos casos habían sido denunciados en los últimos meses, por lo que era imposible comprobarlos con el material disponible.
Las causas de los despidos
“En total, en la secretaría se cesantearon 19 contratados, de los cuales nueve pertenecían a áreas estratégicas de control de leyes ambientales en relación a flora, fauna, pesca, control de feedlots y también inspectores dedicados exclusivamente a denuncias y seguimiento de desmontes de bosque nativo”, describió Fernández. Y destacó que esta última tarea era la que mayor trabajo implicaba por la gran cantidad de infracciones que se cometían.
Precisamente, el biólogo se desempeñaba hasta junio pasado en el relevamiento satelital de los desmontes en todo el territorio provincial para corroborar la existencia de áreas deforestadas ilegalmente. Luego de determinar las características de la superficie afectada, elaboraba los informes que permitían sancionar a los propietarios de los campos que habían infringido la ley.
“Ahora no tenemos cómo ver imágenes satelitales para firmar las multas, está todo parado”, señalaron fuentes que aún trabajan en el área.
Según Fernández, el origen de su despido así como los de una abogada y un inspector de importancia en esa dependencia, se encuentra en “una nota que envió Cartez al secretario de Ambiente, Bocco”.
“La nota la firma el abogado Raúl Carranza y habla sobre una supuesta enemistad manifiesta por parte del director -del Área de Fiscalización y Control Ambiental- Alejandro Girón y sus representados para con su persona, porque este abogado venía a la secretaría a gestionar expedientes de infracción de varios productores”, precisó el profesional despedido.
Y agregó que en el escrito, entre otras cosas, Carranza denunciaba que el equipo comandado por Girón tergiversaba la información tratando de generarle algún tipo de perjuicio.
“A las tres personas mencionadas en esta denuncia en un plazo de 7 días nos dieron de baja el contrato”, manifestó Fernández. Y continuó: “He presentado notas al secretario de ambiente porque nunca se me notificó ni se me dio derecho a una legítima defensa ante cualquier acusación, por lo menos para aportar pruebas porque mi trabajo como profesional no miente: el desmonte existe o no. Incluso envié notas al gremio, al gobernador, al ministro y no obtuve ninguna respuesta”.
Fuentes gubernamentales consultadas coincidieron en que el reclamo enviado por el representante de Cartez y la Sociedad Rural de Jesús María fue la principal causa de estos despidos. “Mintieron diciéndole a la gente que daban de baja a personas que no cumplían funciones y en realidad le dieron de baja a la gente más importante que teníamos sin ningún sumario ni mancha en su legajo”, afirmaron.
Sólo emergencias
Los cargos que ocupaban los cesanteados del Área de Fiscalización y Control Ambiental aún no fueron cubiertos, por lo que las pericias y los seguimientos que permitían aportar pruebas a las denuncias por desmontes no se están realizando. “Lo que me decían es que todo está paralizado y no se sabe cuál es el rumbo”, comentó Fernández.
Aunque alrededor de 17 personas estarían trabajando formalmente en esa dependencia, integrantes del área indicaron que sólo hay seis cumpliendo sus funciones actualmente e incluso temen que en los próximos meses haya nuevos despidos.
“Solamente se responde a las emergencias, porque con esa cantidad de inspectores se puede manejar muy poco”, señaló un funcionario en relación a la actividad que hoy realiza el Área de Control y Fiscalización Ambiental. Y agregó: “No hay forma de ver qué pasa en la provincia con los desmontes ni de hacer patrullaje para prevenir, solamente se puede salir corriendo ante un hecho consumado que alguien denuncie”.
A la falta de personal, se sumarían los insuficientes recursos materiales, ya que de los cinco vehículos que antes recorrían el territorio provincial para detectar ilícitos ambientales, hoy sólo dos estarían funcionando.
Ante este panorama, Fernández expresó: “Honestamente, no creo que se normalice la situación. No sabemos cuál va ser el destino del área y la gestión y control de leyes ambientales”.
“Siempre estuvimos desbordados”
Pero según el biólogo, incluso antes de los despidos ocurridos en el último tiempo, el control que la Provincia debe ejercer ante la violación de leyes ambientales presentaba diversas falencias. Los pocos recursos humanos, materiales y logísticos del área a cargo de esta tarea ya tenían un impacto directo sobre la destrucción de menos del 5% del bosque nativo que aún quedaba en Córdoba.
“Tratábamos de dar respuesta con los medios que teníamos, que siempre estaban por debajo de lo necesario”, señaló Fernández. “Ante la poca cantidad de personal que había en el área siempre estuvimos desbordados”, agregó.
En ese marco, destacó que durante su desempeño se recibía una gran cantidad de expedientes por infracción a leyes forestales y desmontes ilegales. “Teníamos un pedido diario que debe superar los 15 expedientes y en mi caso revisar un solo expediente y hacer un informe puede llevar hasta 20 días y yo era la única persona a cargo. Es imposible llevar un trabajo administrativo a tiempo y cumplir con el procedimiento que plantean las leyes”, precisó.
Además, Fernández señaló que prácticamente no existía un seguimiento en campo de los proyectos de desmonte que eran autorizados bajo los parámetros de la ley vigente.
“Cuando se autoriza un plan de desmonte en base a un proyecto se habilitan zonas y otras quedan como reserva, pero esas zonas de reserva las encontrabas en parte o totalmente desmontadas”, explicó el profesional en base a las imágenes satelitales. Y estimó que entre un 60 y un 70 por ciento de los proyectos aprobados incurrían en infracciones.
El biólogo también denunció que debido a problemas administrativos internos a la Secretaría de Ambiente encontraba serias dificultades para obtener las imágenes satelitales actualizadas por parte de organismos externos. “Hasta junio, que terminé de trabajar, no logré conseguir las imágenes satelitales del año 2012; estábamos monitoreando las denuncias con imágenes vencidas”, precisó el biólogo. Y explicó que de esta manera la constatación de los desmontes se demoraba meses, permitiendo que los abogados de los infractores evitaran las sanciones correspondientes.
Querida Lucía: Vi la entrevista que le hiciste a Abel Bo, en el “Puntal”. Yo fui cro de él en esos años, estuve preso, me exilié, la historia de muchos. En la actualidad milito gremialmente (tengo 65 años pero aun trabajo), y me gustaría conectarme contigo. Un fuerte abrazo, Ben Ami.