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Los aborígenes denunciaron las pérdidas de bosques nativos en Salta. Las autoridades lo reconocieron. Pero no hubo acuerdo sobre la causa del alud que arrasó en Tartagal. Ahora el máximo tribunal debe resolver sobre la medida cautelar.
Por Carlos Rodríguez
Diario Página 12
En una sala de audiencias desbordada por la cantidad de asistentes, los representantes legales de nueve comunidades wichís aseguraron ante los miembros de la Corte Suprema Nacional, que en el último decenio se perdieron, sólo en la provincia de Salta, “12 mil kilómetros cuadrados de bosques nativos”, es decir 1,2 millón de hectáreas. De mantenerse la tendencia en esa provincia, que tiene el 22 por ciento del reservorio total del país, los bosques nativos salteños “se perderían en forma total en 60 años”. Se dijo, incluso, que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró “en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques”, que limitó el desmonte, “la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años”. En la audiencia convocada por la Corte, las comunidades aborígenes confrontaron con funcionarios de los gobiernos de Salta y nacional, que volvieron a negar que la tala haya sido la causa central del alud que acaba de arrasar la ciudad de Tartagal.
En las distintas exposiciones, más allá de las diferencias de apreciación, hubo una coincidencia general que confirma el grave peligro que corren los bosques salteños: todos admitieron que en diez años se perdieron, al menos, “un millón de hectáreas” de árboles nativos y que eso fue “un hecho negativo” para la provincia y para el país. Las comunidades insisten en que son 1,2 millón las hectáreas perdidas en Salta, mientras que organizaciones como Greenpeace hablan de un millón.
En nombre de las comunidades expuso el abogado Raúl Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera (ver aparte). Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Na-sser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional. En diciembre pasado, la Corte Suprema ordenó la suspensión del desmonte y la tala de bosques nativos en Salta. Ayer, los ministros del alto tribunal Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos.
El ministro Maqueda le preguntó al abogado Ferreyra si la deforestación de “un millón de hectáreas en Salta, entre 1998 y 2007, un tercio de esa cifra en el departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal” podría ser la causa del alud, el representante de las comunidades se expresó por la afirmativa: “De acuerdo con lo que han relatado mis representados y algunos ingenieros agrónomos que nos asisten, sí, efectivamente, no hay posibilidades de desligar el desastre de los desmontes”. La misma pregunta fue hecha a los representantes de los dos gobiernos.
“No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido desmontes”, respondió Casali Rey. El secretario Bibiloni, por su parte, admitió que “todo desmonte tiene algún impacto”, pero a continuación señaló que “en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud”. Ninguno de los funcionarios mencionó la existencia de algún estudio serio que haya establecido las causas del suceso.
Bibiloni contestó con un “sí”, cuando le preguntaron si la deforestación en Salta es “un hecho negativo” para el medio ambiente. Antes, Ferreyra había señalado que el desmonte está “estrechamente ligado a la expansión de la actividad agrícola”. Luego señaló “como una especulación que, curiosamente, 2000 kilómetros cuadrados fueron autorizados tres meses antes de que se sancione la Ley de Bosques”. Sobre ese punto, el fiscal de Estado salteño admitió que en el último trimestre de 2007, el desmonte creció respecto de la media anterior y llegó a las 160 mil hectáreas, pero opinó que fue porque “algunos pedidos (de deforestación), presentados en 2005 y 2006, se demoraron en su trámite por los controles que establecen las normas que rigen en la provincia”.
Los representantes de Salta, en todo momento, insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior, encabezado por Juan Carlos Romero. La Corte reconoció esa situación, pero recordó que la continuidad jurídica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder igual por lo ocurrido. El actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, asumió el 10 de diciembre de 2007. Muchos de los desmontes autorizados por Romero se concretaron recién en 2008. A lo largo de la audiencia se reconoció varias veces que el desmonte produjo un daño ambiental importante, pero Nasser aseguró que cada uno de ellos había sido autorizado, previa presentación, por parte del solicitante, de “un estudio de impacto ambiental, revisado por la autoridad de aplicación, en ese caso la Secretaría de Política Ambiental”.
Un momento de tensión se produjo cuando Lorenzetti le señaló a Casali Rey que el actual gobierno está pidiendo el levantamiento de la medida cautelar de la Corte que ordenó suspender el desmonte. Ante tal situación la pregunta fue directa y el presidente del tribunal interrumpió al interrogado cuando quiso hacer consideraciones previas. “¿Ustedes comparten o no comparten la idea de que sigan los desmontes, como ocurría durante el gobierno anterior?”, puntualizó el ministro de la Corte. La respuesta de Casali Rey no se hizo esperar: “La provincia de Salta entiende que las autorizaciones que se han otorgado, tanto las afectadas por la medida cautelar, como las anteriores, son fruto de un procedimiento perfectamente ajustado a derecho y respetuoso de las líneas directrices que en materia de política ambiental fijó la ley (provincial) 7070”, de protección del medio ambiente.
El tribunal tampoco dejó plantear cuestiones previas, generales, al representante de la Nación. A menos de un minuto de empezar su exposición, Bibiloni fue interrumpido por Lorenzetti, quien le dijo que los miembros de la Corte le iban a realizar preguntas. Una de ellas estuvo dirigida al porqué de la demora de 14 meses en la reglamentación de la Ley de Bosques. “Hubo observaciones de las provincias, problemas técnicos que superar y faltaban ajustes en el tema financiero”, respondió Bibiloni. Ahora la Corte tiene que decidir qué pasa con la medida cautelar y si asume la competencia en el tema o lo deriva a la Justicia Federal de Salta. Las comunidades esperan que siga actuando el máximo tribunal. Ayer, en su exposición, la única que no fue interrumpida, el abogado Ferreyra dio otro dato alarmante: “Cuando el país comenzó como tal, había 50 hectáreas de bosques por habitante. Hoy queda una hectárea por habitante”.
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