Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Afirman que, según la ley, se debe asignar el 0,3 por ciento del Presupuesto (821 millones de pesos) a las provincias que ya avanzaron con la reglamentación. Pero el gobierno nacional solo destinó un máximo de 300 millones. Hasta ahora solo tres provincias están aplicando la ley: Salta, Chaco y Santiago del Estero.
Entrevista a Roberto Larrea, presidente de la REDAF, y Hernán Giardini, de Greenpeace.
Por Anabella Almonacid Fernández Fuente: Agencia Universitaria de Noticias
Organizaciones ambientalistas exigen que el gobierno nacional asigne el 0,3 por ciento del presupuesto nacional para la aplicación de la Ley 26.331 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, tal como lo establece esa norma en el artículo 31. El reclamo se originó porque el Gobierno anunció que destinará 97 millones de pesos a un programa piloto, que no incluye el financiamiento para la reglamentación de la ley de bosques.
El presidente de Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Roberto Larrea, explicó que por las malas condiciones ambientales de la Región Chaqueña (que comprende a parte del territorio de Santiago del Estero, Salta y Chaco) “se debe asignar de forma urgente el presupuesto” para distribuirlo en cada provincia que este trabajando en el proceso de reglamentación de la denominada “Ley Bonasso”.
El artículo 23 del actual proyecto de Ley de Presupuesto 2010 “establece una partida de 300 millones de pesos como máximo para la constitución del fondo para la protección de los bosques, pero la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) dicta en su artículo 31 que el monto destinado no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del presupuesto nacional”, explicó a AUNO el coordinador nacional de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, Hernán Giardini.
De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos asignados para la ley de bosques deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
En este sentido, el presidente de REDAF aclaró que los 97 millones de pesos que anunció el Gobierno “sólo serán destinados a una experiencia piloto” llamada “Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos”. El fondo para ese programa fue solicitado por distintas ONG’s y financiará unos 110 proyectos provinciales, que apuntan a la restauración, conservación y manejo sustentable de áreas boscosas del país.
“Sin duda es una asignación positiva, pero es necesario definir de dónde van a salir los fondos para financiar la ley de bosques. Las tres provincias de todo el país que ya la reglamentaron –Salta, Santiago del Estero y Chaco- necesitan dinero para comenzar aplicar la ley y trabajar en las áreas de conservación”, demandó Larrea.
Los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) que cada provincia debe realizar de acuerdo con la Ley 26.331, constituyen la base sobre la cual se aplicará la postergada normativa. Según los mapas que surjan de este proceso se definirán las zonas que serán protegidas o utilizadas para aprovechamiento sostenible (categorías rojo y amarillo) y aquellas en las que se podrán seguir otorgando permisos de cambio de aptitud del suelo y desmonte (categoría verde).
“Para nuestra sorpresa, la aplicación de la Ley de Bosques es boicoteada por la propia Secretaría de Ambiente de la Nación, que no reclama ni pareciera querer que en el Presupuesto 2010 se establezcan los fondos correspondientes para la protección de los bosques”, señaló Giardini.
Además, recordó que la Ley de Bosques establece que a esa suma debería agregarse “el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior”, por lo que los recursos podrían ascender a 1.200 millones de pesos.
Esos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el OTBN bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
“A la hora de realizar cualquier tipo ordenamiento territorial lo más importante a tener en cuenta es la preservación natural de las cuencas hídricas”, explicó Larrea.
En este sentido, REDAF sostiene que en la elaboración de los mapas provinciales de OTBN “no se consideraron normativas preexistentes de carácter nacional, como la Ley 25.675 de Presupuestos Mínimos de Ambiente”, que en el artículo 4 habla del principio de cooperación entre las jurisdicciones.
Una de las cuencas más afectadas es la del río Salado debido que posee tres zonificaciones diferentes en cada uno de los límites entre las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Este complejo Juramento–Salado es relevante para la región chaqueña, ya que atraviesa varias provincias (desde Jujuy a Santa Fe), y de sus variaciones dependen las posibles inundaciones en zonas del norte de Santiago del Estero. Sin embargo, en el mapa regional se observa que en la cuenca alta (Salta) está pintada de verde (susceptible a desmontes), y hacia abajo, en Santiago del Estero y Chaco, se pintan de amarillo (susceptibles de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica).
Por otra parte, algunos parques nacionales tampoco quedaron exentos de los resultados de la zonificación. Uno es el caso del Parque Nacional Copo, situado al extremo noreste de la provincia de Santiago del Estero. El área de amortiguamiento del parque quedó incompleta porque debe compartir la jurisdicción entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero. El margen sureste del parque se encuentra protegido (amarillo) del lado de Santiago y parcialmente del lado de Chaco, pero existe una porción habilitada para el desmonte del lado chaqueño.
“Entre las provincias todavía no hubo una interrelación, por lo que corresponderá a la autoridad de aplicación corregir a las jurisdicciones que comparten una misma ecorregión”, evaluó Larrea. La autoridad de aplicación para coordinar entre las distintas jurisdicciones el ordenamiento territorial de los bosques es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Pese a la vigencia de la moratoria de desmontes fijada por el artículo 8 de la Ley 26.331, un informe de la Dirección de Bosques y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAGPyA) señala que entre septiembre de 2007 y octubre de 2008 en Salta, Chaco y Santiago del Estero se desmontaron 136.000 hectáreas de bosque nativo.
El problema surge a partir de que las provincias de la Región Chaqueña aplicaron diferentes criterios para determinar las áreas destinadas al aprovechamiento sostenible y las consignadas a la protección, según las categorías que determina la ley de bosques. Con la suma del total de las áreas, REDAF realizó una aproximación de la cantidad de hectáreas definidas en rojo, amarillo y verde de Salta, Chaco y Santiago del Estero.
Según los resultados de esa recopilación, las provincias cuentan con 4,5 millones de hectáreas de bosque destinados a la categoría verde. La provincia más permisiva es Chaco, puesto que dejó en categoría verde cerca del 40 por ciento de sus bosques –2.371.307 hectáreas– y sólo protege al 5 por ciento –271.438 hectáreas–. El OTBN de Salta habilita el cambio de uso del suelo en un 19 por ciento de sus áreas boscosas –.592.366 hectáreas–, y sólo decretó como área roja al 16 por ciento –1.294.778 hectáreas–. Por su parte, Santiago del Estero destina a la categoría verde el 12 por ciento de sus áreas boscosas –952.493 has– y a la roja el 14 por ciento –1.046.172 hectáreas–.
“Ese ente debe garantizar que las provincia lleguen a un acuerdo homogéneo. En este momento se encuentra analizando los criterios para la aplicación de la ley, pero falta lo principal, que se reúnan para coordinar como van a trabajar con las provincias”, sentenció Larrea.
El papel de campesinos y aborígenes en la reglamentación
La Ley de Bosques establece la participación de las comunidades en el proceso de determinación de áreas protegidas, pero los ambientalistas advierten que no se implementan mecanismos de difusión para promoverla.
Dentro de los criterios de zonificación incluidos en la Ley 26.331 se establecía la necesidad de realizar un proceso participativo, con atención particular sobre las comunidades campesinas y aborígenes. En el caso de los pueblos originarios, la Ley definía actuar conforme al Convenio 169 de la OIT.
El primer informe de monitoreo de REDAF, realizado en diciembre de 2008, indica que falta información oficial sobre los reales alcances de la ley. Ese aspecto llevó a distintas interpretaciones en algunos sectores de la cadena forestal, por lo que sólo las ONGs y otras redes e instituciones difunden material para promover la participación de la población en los Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Aunque el proceso se movilizó mucho más durante 2009, “el Estado Nacional no derivó recursos a las provincias para la realización de talleres o elaboración de material educativo”, sostiene el informe de la REDAF y manifiesta que “no se potenció un elemento clave para el adecuado manejo y conservación de los Recursos Naturales, que es el sentido de corresponsabilidad que debe existir entre las autoridades y la ciudadanía”.
