El pasado siempre vuelve

Las masacres de cientos de aborígenes en Formosa y Chaco en 1924 y 1947 fueron acalladas por la historia. Artistas, abogados y ONG intentan dar visibilidad a esa tragedia.

En los juzgados federales de Resistencia y Formosa se llevan a cabo las primeras causas presentadas en la historia judicial de Argentina que investigan dos genocidios: el de Napalpí (1924) y el de Rincón Bomba (1947), perpetrados contra pueblos originarios por el Gobierno nacional.

Este hecho sin precedente alguno fue expuesto por protagonistas y descendientes de los damnificados en la función de estreno del documental Octubre Pilagá , que se proyectó en el Pabellón Argentina, en el marco del Cuarto Seminario Taller “Tierra, Agua, Bosque. Vida para la Región Chaqueña”, organizado por la Red Agroforestal Chaco junto con varias ONG y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.

“Hasta el momento estimamos que en Argentina y países vecinos no existen causas con estas características”, explica Carlos Alberto Díaz, uno de los abogados demandantes que patrocina a la Federación del Pueblo Pilagá en la causa iniciada por la matanza de Rincón Bomba.

Todo se inicia a fines del año 2004, cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, punto final y la imprescriptibilidad penal de los crímenes de lesa humanidad, lo que es ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación un año después. De esa manera se pudieron reiniciar o iniciar, según los casos, los juicios contra los responsables del genocidio.

Octubre Negro. El abogado Carlos Alberto Díaz, junto con su colega Julio César García, inició en el año 2005 ante el Juzgado Federal de Resistencia la demanda por la masacre de Napalpí, lugar en el que en octubre de 1924 fueron muertas unas 800 personas toba-qom y mocoví-mocoi por la entonces denominada Policía Nacional de Territorios.

A posteriori llega a mis manos un libro de un antropólogo sobre la historia de un conductor espiritual del pueblo originario pilagá al que llamaban ‘Dios Luciano’. En una carilla comenta el científico una matanza de integrantes de ese pueblo en octubre del año 1947 en el paraje Rincón Bomba, en cercanías de la localidad de Las Lomitas, entonces Territorio Nacional de Formosa, en manos de la Gendarmería Nacional Argentina. Comienzo a investigar y me llama la atención el casi nulo conocimiento de los formoseños sobre el genocidio. A medida que avanzo en la investigación y gracias a los testimonios de los sobrevivientes veo que se trata de la más grande matanza de pueblos originarios del siglo 20, estimándose que las víctimas fatales sobrepasaron las 1.500 personas. Con Julio García, y en nuestro carácter de apoderados de la Federación del Pueblo Pilagá, iniciamos una demanda colectiva de indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño moral contra el Estado Nacional ante el Juzgado Federal de Formosa a cargo de Marcos Bruno Quinteros”, relata Díaz.

La demanda por la matanza de Rincón Bomba se inició ante el Juzgado Federal de Formosa contra el Estado Nacional Argentino. Al contestar éste la demanda, negó que se tratara de un crimen de lesa humanidad, también negó el carácter de pueblo originario de los pueblos toba-qom y mocoví-mocoi y que el genocidio sea imprescriptible.

El juez de primera instancia no hizo lugar a ninguna de estas excepciones. El Estado Nacional apeló y la causa está sin resolver en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desde el año 2007, pese a los continuos pedidos en tal sentido. Tal dilación en el dictado del fallo que tiene paralizada la causa principal está produciendo graves daños, porque en tal período ya han fallecido cuatro de los sobrevivientes de aquel episodio y se encuentran enfermos otros por su elevada edad y situación alimentaria.

También hace tres años se solicitó al Estado Nacional litis expensas para proseguir la búsqueda de tumbas comunes (de las cuales ya se han localizado tres), su conservación y prosecución de la investigación. “El juez Quinteros hizo lugar a dicho pedido. Nuevamente el Estado Nacional se negó a dar cualquier tipo de ayuda en tal sentido al pueblo pilagá y apeló la resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco. La Cámara Federal confirmó el fallo del juez Quinteros. Nuevamente el Estado Nacional apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso que se le denegó, quedando firme la obligación de realizar el depósito pertinente. Han pasado cuatro meses y el Estado Nacional no lo ha hecho hasta la fecha”, agrega Díaz.

“Como profesionales que peticionan en derecho tenemos el convencimiento de que esas peticiones deben prosperar en todas sus partes. Hasta el momento, estimamos que en la República Argentina como en sus países limítrofes no existen causas de las características mencionadas precedentemente”, concluye el abogado.

“No sé por qué la gente matando a nosotros”. Cipriana Palomo es vicepresidenta de la Federación del Pueblo Pilagá y vocera de un grupo de aborígenes de esa etnia afincados en la comunidad de Pozo del Tigre (epicentro del tornado sucedido en octubre pasado). Junto con Juana Segundo y Tito Quiroga, presidenta y tesorero de dicha organización, fueron los encargados de presentar en Córdoba el documental Octubre Pilagá, Relatos sobre el silencio , de la realizadora Valeria Mapelman, en el que se narran los sucesos ocurridos entre el 10 y el 30 de octubre de 1947. Durante esos días del segundo año del gobierno de Juan Domingo Perón, el Regimiento 18° de Gendarmería asesinó a miles de aborígenes reunidos en Rincón Bomba mientras veneraban a Tonkiet (Luciano), un líder pilagá adherente al culto Pentecostal que anunciaba la Biblia.

“El terror y el dolor fueron la causa del silencio”, rememora Cipriana Palomo, “Rosa, mi mamá, fue una sobreviviente de esa matanza, era adolescente y nunca quiso hablar en detalles, pero repite siempre ‘¡No sé por qué la gente matando a nosotros!’”.

Todo sucedió cuando se empezaron a reunir en Rincón Bomba muchas familias aborígenes que regresaban del Ingenio El Tabacal (Salta), donde habían sido estafadas. Muertos de hambre y cansancio se quedaron en la zona del Madrejón y Ayo la Bomba. Allí estaban cuando empezó a predicar Luciano, un sanador que iba convocando cada día más gente que aparecía del monte. Cantaban y bailaban sin parar un segundo; eso puso muy nerviosos a los gendarmes, y más cuando empezaron los rumores en pueblos vecinos de que se estaba preparando un malón. Los aborígenes pidieron comida y Perón les envió un cargamento en tres vagones, pero la carga estaba en malas condiciones y provocó muchas muertes y enfermedades. A pesar de eso, no se desconcentraron.

Los aborígenes pidieron que fuera Perón en persona a verlos para mostrarle las condiciones en las que vivían, pero esto no fue posible y la gendarmería comenzó a ametrallar al Cacique Pablito y a toda su gente.

“¡Fue algo espantoso!”, señala Cipriana, “Mi mamá me cuenta que ella se escapó al monte pero que fueron perseguidos día y noche y donde los encontraban los mataban. También hubo una avioneta que desde arriba acribillaba a los que huían, no querían ningún testigo vivo… Hubo niños desaparecidos hasta hoy, mujeres violadas por los gendarmes, cadáveres apilados fueron quemados, tierras expropiadas y un silencio que duró hasta hace poco, cuando 11 abuelos empezaron a dar testimonio de lo ocurrido ante el juez federal Quinteros, para que sacando todo afuera se haga justicia aunque hayan pasado más de 60 años”.