Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
La Ley de Bosques no logró frenar los desmontes. Las amenazas, los padecimientos y la resistencia de los aborígenes en Salta. Una travesía por comunidades wichís expulsadas por el avance del monocultivo.
Por Carlos Rodríguez, desde Tartagal
Diario Página 12
“Nosotros no queremos ser ‘jefes de hogares’ que tienen que salir a cortar la ruta para que les den subsidios. Nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra tierra, nuestro monte. Nosotros queremos seguir viviendo acá, como vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Acá somos felices y de acá no nos queremos ir.”
Ramón es muy joven. Dice que no sabe –ni importa mucho– qué edad tiene. No llega a los 20 años. “Ni documento (de identidad) tengo”, comenta. Ramón es integrante de una de las 15 familias que viven en la comunidad wichí de El Escrito, a unos 100 kilómetros de Tartagal, en medio de lo que fue un monte tupido, lleno de corzuelas –entre otros animales– y frutos silvestres que nutrían la mesa de los antiguos dueños de la tierra, de las flechas, de la vida en contacto con la naturaleza más salvaje y acogedora: la del chaco salteño.
Cuarenta mil argentinos son wichís. En Salta, más de 60 familias de esa comunidad están siendo expulsadas de sus dominios por el desmonte compulsivo. En cuatro años desaparecieron 807 mil hectáreas de montes y las topadoras siguen su avance –junto a las plantaciones de soja–, sobre el pueblo wichí: “Nos quieren obligar a que nos vayamos al pueblo”, repiten los caciques.
La Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), integrada por técnicos e investigadores de trece instituciones, organizó una travesía –de la que participó PáginaI12 como único medio gráfico– por las comunidades wichís de El Traslado, Zopota y El Escrito, hoy cercadas por desmontes, autorizados o no, por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, que sigue la política iniciada por el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. En los hechos, todo marcha a contrapelo de lo que dice la letra de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre del año pasado por el Congreso de la Nación, cuya aplicación práctica se demora porque el gobierno nacional todavía no la reglamentó y porque las provincias siguen demorando el tratamiento de la norma en sus respectivas legislaturas.
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