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El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).
“Hasta tanto se demuestre (…) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (…) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.
“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.
Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.
En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.
“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (…) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.
El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (…) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.
La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.
La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (…) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.
Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.
El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.
Proyectos Cuestionados
Las provincias mineras por excelencia son Catamarca y San Juan. En un segundo nivel, pero con aspiraciones de ser líderes, aparece Jujuy, que fomenta la actividad minera y la considera uno de los pilares de su “desarrollo”. Cuenta con dos grandes yacimientos en plena explotación (El Aguilar y Pirquitas) y exploración de uranio en la zona de la Puna y la Quebrada. También cuenta con decenas de organizaciones sociales que rechazan la actividad minera a gran escala. Entre sus argumentos señalan la polémica experiencia de Minera Alumbrera en Catamarca, la contaminación en Abra Pampa por desechos mineros e investigaciones del fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
“Los valores de plomo, cinc y cadmio que llegan por el dique de colas al río Grande se encuentran por encima de los límites permitidos y la propia empresa reconoce que dicho impacto es permanente, irreversible y severo. Con respecto a la afectación del suelo, la propia compañía Mina Aguilar reconoce en su informe que la misma es permanente, irreversible, irrecuperable y crítica en la zona del dique de colas”, afirma el fiscal Gómez, y detalla que, en lo referente a metales pesados presentes en agua, “la misma minera en su informe de impacto ambiental de 2001” dice que el río Grande cuenta con niveles de plomo 50 veces superiores a lo permitido. El fiscal remarca que la contaminación del agua, con 50 por veces más de plomo, se comprobó en el pozo de la escuela Casa Grande.
En cuanto al rol de los organismos provinciales de control, el fiscal concluye: “Los informes presentados por la empresa siempre son aprobados, pese a que en muchos de ellos se hallan prácticamente declaraciones juradas de afectación de los recursos naturales y de contaminación del medio ambiente”.
El fiscal también investigó la situación de los yacimientos Orosmayo-Pirquitas, donde aportó registro de fotos, relatos, denuncias de vecinos afectados e incluso análisis realizados por el Ministerio de Salud de Jujuy. También recogió un estudio del jefe del Area de Ingeniería de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, ingeniero Daniel Crespe: “La explotación aurífera se realiza en el interior del cauce del río Orosmayo sin la debida autorización y contralor de la Dirección de Recursos Hídricos, habiendo quedado diversos sectores del río totalmente destruidos, convertido en una sucesión de pequeñas represas, con la consiguiente disminución del caudal del mismo, afectando a los usuarios aguas abajo. Se modificó sin autorización la morfología del cauce”, detalla el informe oficial.
A pedido de comunidades indígenas afectadas, el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán puntualizó violaciones ambientales en siete emprendimientos mineros durante 2007 y 2008. Elevó las actuaciones preliminares, y las pruebas, a los fiscales de Jujuy, que pueden actuar de oficio. “Los fiscales federales no avanzaron con las investigaciones, a pesar de las pruebas. Es evidente la desidia de la Justicia por no abordar las consecuencias de las mineras”, afirmó Chalabe, abogada de los vecinos de Tilcara.
Un caso testigo de la acción minera de Jujuy es lo sucedido en Abra Pampa, una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ’80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.
