Catamarca movilizada contra la megaminería

Foto: Greenpeace

Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.

Andalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.

El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.

En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.

En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.

En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.

“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).

Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo (que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.

La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.

El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.

“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.

El Informe Ambiental
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por Minera Alumbrera tiene más de 500 carillas. Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, estudió el IIA y destacó que sólo hay una descripción de la flora, fauna, el aspecto económico y social, pero no hay nada respecto de las consecuencias de la actividad minera. “Además de la falta de audiencia, algo obligatorio por ley, no se analiza el impacto que tendrá todo el proceso minero, y tampoco está la evaluación que debiera haber hecho el organismo de control estatal sobre el documento presentado por la empresa”, explicó. El investigador Fernando Berdugo definió el informe como un “disparate total”. Señaló que ni siquiera precisa dónde está el yacimiento a explotar y la compañía lo describe como una “ampliación de Alumbrera” cuando en realidad se trata de yacimientos distintos. “La empresa debe presentar informes de impacto ambiental de exploración, prospección y explotación, pero no presentarán el impacto de la explotación porque dicen que ya lo hicieron por Alumbrera. Un disparate”, afirmó. Y cuestionó que en el informe haya participado la empresa Corplab. “Hay conflictos de intereses. Se trata del zorro cuidando a las gallinas”, denunció.