Organizaciones en Casa Rosada: La Hora de los Campesinos

Foto: Miradas al Sur

Una larga lucha, histórica y dramática, llevó a organizaciones campesinas indígenas a la Casa Rosada en el primer día hábil de 2015. Allí llegaron invitados por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Todo un gesto de reconocimiento en el más alto nivel del Gobierno a los pobres del campo, a los que no tienen títulos de las tierras que ocupan y que alcanzaron su primera ley nacional –todavía no cuentan aún con otro amparo legal– hace poco menos de 20 días.

En los últimos dos años, con la llegada de Emilio Pérsico al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca –primero como subsecretario, luego como secretario de Agricultura Familiar–, el creciente movimiento campesino indígena de la Argentina, que sólo era noticia por resistir desalojos, violencia y asesinatos en sus territorios, inició otro camino en la relación con el Estado: es decir, con la sociedad y con el Gobierno.

Durante el encuentro en el Salón Norte, el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, sentado a la derecha de Capitanich, sintetizó el crucial momento: “Tenemos la Ley de Agricultura Familiar, hemos llegado a la Casa Rosada y eso significa que se acabó la etapa de la visibilización. Ahora siguen las concreciones. Por ejemplo, llevar el agua y facilitar el acceso a los títulos de las tierras. Claro que en un año no vamos a poder hacer todo. Pero ahí vamos”.

Los últimos meses de 2014 aceleraron los debates por el proyecto de ley para el sector, pero circulaban algunas versiones sobre la no inclusión de presupuesto y se discutía el origen de los fondos: ¿saldrían de un porcentaje de las exportaciones de soja, del presupuesto general?

Finalmente, el consensuado artículo 33 del proyecto que viajó al Congreso estipulaba una cifra: 1.500 millones de pesos. Sin embargo, hubo una sorpresa desagradable en la Cámara de Diputados: un codo borró lo escrito y campesinos y funcionarios salieron con legisladores nacionales en una foto feliz sin saber que la media sanción los había dejado sin fondos. La respuesta no se hizo esperar: gestiones, llamados, protestas callejeras y, finalmente, el compromiso –sellado con la visita de Capitanich al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– de que la norma no sería sólo declamativa y tendría los fondos acordados.

Entonces, diciembre voló y en el primer día hábil del año nuevo, doce organizaciones campesino indígenas que integran el flamante –y ahora respaldado por una ley– Consejo Nacional de la Agricultura Familiar se sentaron a la larga mesa del luminoso Salón Norte con un tema de fondo: incluir en la reglamentación de la ley la cuestión de los recursos. Los famosos 1.500 millones de pesos.

De paso, el Gobierno puso en acto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, que figura en la ley, funciona en el ámbito de la Casa Rosada y busca establecer integralidad (varios ministerios con programas) en el abordaje de políticas hacia el campesinado. Es decir que la convocatoria de Capitanich se ajustó a la flamante norma.

Angel Strapazzón, fundador a inicios de los ’90 del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), devenido en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) integrado al colectivo mundial Vía Campesina (VC), encabezó la docena de organizaciones territoriales convocadas. Strapazzón fue aprendiz de los hombres y mujeres del monte santiagueño con los que transformó el arraigo irrestricto a la tierra seca y sedienta en una potente bandera política que se replicó en otros estados provinciales. Bandera que ondea sobre la defensa de los territorios que por generaciones ocupan los agricultores familiares y por los que dieron su vida Cristian Ferreyra en noviembre de 2011 y Miguel Galván en octubre de 2012. Los dos santiagueños, emergentes de una interminable lista de muertos por el derecho a la tierra, sacrificados en el altar de los agronegocios, cuyas muertes dieron origen a una mesa de diálogo. Inspirados en la urgencia, Pérsico y el entonces cardenal Jorge Bergoglio dieron origen a un camino inédito y audaz en el que campesinos, sojeros, funcionarios nacionales y la Iglesia buscan, unidos, frenar la violencia contra los pobres en los campos.

Esa experiencia en curso –junto a la elevación a Secretaría de Estado del área de Agricultura Familiar y al derrotero por una ley nacional, la primera de su tipo para un sector que reivindica su ancestralidad– inició el camino del autorreconocimiento indígena, dio base a la convocatoria del Gobierno y abre una nueva etapa, la de las concreciones, de la mano de la visibilización política e institucionalización en la gestión pública.

Por eso Strapazzón puso el eje en lo que vendrá y en cómo se invertirán los recursos duramente peleados. Y por eso cree, junto a los referentes de otras organizaciones, que los primeros destinatarios deben ser entre 60 mil y 100 mil familias campesinas que necesitan atención inmediata: “Vayamos ahí realmente, porque si nosotros demandamos al Estado que haya justicia, cuando la guita llega, hagámosla llegar hacia adentro, hacia nuestros compañeros que están en peligro de extinción”. También calificó al funcionario: “Capitanich va al grano, es brillante”. Y sobre el encuentro, remarcó: “Concretamos, vamos a lo que hay que hacer. Capitanich dividió en 12 puntos la atención integral del Estado con una financiación seria. Por fuera de los 1.500 millones va a haber fondos para casas, infraestructura, salud y educación. Entonces, todo empieza a arrimarse, empezamos a ver que lo destinado a mejorar la producción, el predio productivo como tal y la infraestructura comunitaria la vamos a tener que pensar en el marco de un plan trianual”.

Sin dudas, algo muy distinto a lo que vivieron hasta ahora las familias de pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, campesinos y productores rurales sin tierra, productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios. Como precisa la ley en su artículo 5°, al definir quiénes son los sujetos de esta norma con la que se pretende construir una “nueva ruralidad” en el país.

En las casi tres horas que duró la reunión, incluida la hora y minutos que demandó la palabra de cada representante de las organizaciones invitadas, se abordaron temas de vigencia concreta en los territorios como el planteado por José Luis Castillo, autoconsiderado “mandadero” de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino  – ACINA (unas nueve mil familias entre el NEA y el NOA) ante los poderes del Estado: “Invitamos a discutir elegantemente pero con todas las letras la prevención de la salud. Antes era el Chagas y hoy son los agroquímicos. Y esto no lo decimos sólo nosotros, sino también los científicos y los análisis. Por eso es importantísima la presencia de funcionarios de Salud para que podamos discutir cómo buscamos esta prevención, ya sea con ordenanzas comunales o con legislación provincial y ver si encontramos recetas”.

La nueva etapa trae, también, desafíos muy fuertes. Como dice Miguel Gómez, del Frente Agrario Evita, “hay cosas que se van a sostener por mucho tiempo, una ley por sí sola no garantiza nada, pero está clara la voluntad política de intervenir. Uno de los puntos que plantea Capitanich como síntesis es generar una política de tierras medio urgente en cuanto a la posesión, la tenencia y los títulos. Eso se tiene que hacer carne en los territorios. Para mí estamos en una situación favorable, con muchas expectativas por cómo va a avanzar. Nosotros tenemos que ser muy efectivos en el trabajo”.

Después de compartir el pan orgánico que llevó Daniel Bareilles, del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela), amasado con trigo propio, campesinos y funcionarios se fueron de la Casa Rosada con un plan de trabajo: el 20 de enero la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) va a presentar a las organizaciones el borrador del proyecto de Reglamentación de la ley. La versión final se conocerá el 24 de febrero en una nueva reunión en la Casa de Gobierno. Allí, dicen los más entusiastas, también asistirá Cristina Fernández.