Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
Ante la iniciativa de posibles modificaciones a la Ley 26.331, desde REDAF consideramos necesario aportar una mirada técnica centrada en el desarrollo sostenible, la gobernanza territorial y la previsibilidad institucional.
La Ley 26.331 constituye un instrumento estratégico para el ordenamiento territorial en Argentina. Su implementación permitió establecer criterios claros para la conservación y el uso sostenible de los bosques nativos, generando un marco de mayor seguridad jurídica, planificación y reducción de conflictos en el territorio.
Los bosques nativos no son únicamente un activo ambiental: representan infraestructura natural esencial para el desarrollo. Cumplen funciones clave en la regulación hídrica, la conservación de suelos, la mitigación y adaptación al cambio climático, la preservación de biodiversidad y el sostenimiento de economías regionales vinculadas al manejo forestal, el turismo y la producción de bajo impacto.
La evidencia técnica indica que la pérdida de cobertura forestal incrementa la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones y sequías, generando costos económicos y sociales superiores a los beneficios de corto plazo asociados al cambio de uso del suelo. En este contexto, flexibilizar el régimen de desmontes implicaría aumentar riesgos ambientales, productivos y fiscales.
Los principales desafíos observados en relación con la Ley de Bosques no radican en su diseño normativo, sino en su implementación: insuficiente financiamiento, debilidades en el monitoreo y control, y limitaciones institucionales en algunas jurisdicciones. Desde una perspectiva de desarrollo, la respuesta adecuada consiste en fortalecer la gobernanza y mejorar la ejecución de las herramientas existentes, no en reducir los estándares de protección.
Asimismo, la protección de bosques nativos resulta coherente con los compromisos asumidos por Argentina en materia de cambio climático y biodiversidad. La estabilidad normativa y el cumplimiento de estándares ambientales constituyen factores cada vez más relevantes para el acceso a financiamiento internacional, mercados exigentes y esquemas de cooperación.
Un modelo de desarrollo moderno integra producción, inclusión social y sostenibilidad ambiental. La Ley 26.331 ofrece una base institucional para avanzar en esa dirección, promoviendo el manejo sostenible y la planificación territorial de largo plazo.
Por todo ello, consideramos que no resulta conveniente avanzar en modificaciones que impliquen una flexibilización del régimen de protección de bosques nativos. La prioridad debe orientarse a garantizar su financiamiento, fortalecer los mecanismos de control y consolidar la coordinación entre niveles de gobierno.
Proteger los bosques nativos no es un obstáculo para el desarrollo: es una condición para que el desarrollo sea sostenible, resiliente y socialmente justo.
