Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. Transcurridos cinco meses del año 2014, es evidente que los estados latinoamericanos tienen mucho por hacer a nivel de leyes y políticas públicas para fortalecer este tipo de agricultura.
La agricultura familiar tiene muchas ventajas para la humanidad. La misma FAO señala que este tipo de agricultura conserva los productos alimentarios tradicionales al tiempo que contribuye a una dieta equilibrada y protege la biodiversidad agrícola mundial y el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, la agricultura familiar es una fuente importante de empleos para la población latinoamericana y tiene un papel crucial en la seguridad y soberanía alimentaria mundial, especialmente, de la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo a la FAO, en algunos países de América Latina, este tipo de agricultura llega a representar más del 70% del empleo agrícola, y provee entre 27% y 67% del total de la producción alimentaria.
Pese a todas estas potencialidades, la agricultura familiar debe hacer frente a un conjunto de limitaciones estructurales. Entre las principales se encuentran la restringida extensión de las tierras que posee; la inseguridad en la tenencia de la tierra (carencia de títulos de propiedad); las crisis ecológicas resultado de la variabilidad climática y el empobrecimiento de los suelos; la falta de acceso a mercados, recursos productivos, bienes y servicios públicos; así como la desconexión entre el productor familiar y el consumidor final. Esto ha conducido a que en los países de la región, la agricultura familiar sea simplemente una actividad de subsistencia. Según una muestra de la FAO, cerca del 60% de las unidades agropecuarias en países latinoamericanos se encuentran bajo esta categoría.
Desafortunadamente, la historia de América Latina indica que, tradicionalmente, la agroindustria a gran escala es la que recibe la mayoría del apoyo estatal. Este apoyo se concreta en el acceso privilegiado a tierra y otros recursos; en la apertura de mercados para la agroexportación (Tratados de Libre Comercio); el otorgamiento de subsidios (por ejemplo, vía impuestos); la construcción de infraestructura; y otros incentivos que posibilitan su éxito.
Esto es claro en el caso del gobierno de Perú, que se caracteriza por promover un conjunto de proyectos de ampliación de la frontera agrícola en la costa (megaproyectos de riego), a los que destina grandes presupuestos públicos y cuyas tierras son subastadas en lotes para la gran agricultura. Los agricultores y agricultoras familiares son excluidos de estos proyectos porque no pueden participar en las subastas de lotes valorizados en millones de dólares, y su producción suele estar orientada al mercado nacional, en lugar de a la agroexportación, que es un elemento esencial en estos megaproyectos de riego. Esta exclusión se da a pesar de que en Perú, de un total de dos millones doscientos mil productoras y productores agropecuarios registrados por el Censo Nacional Agropecuario 2012, alrededor de 79% son pequeños productores y 37.5% maneja minifundios.
Por su parte, la situación en Argentina es similar. Datos oficiales señalan que la agricultura familiar representa el 75% del total de explotaciones agropecuarias del país y aporta el 64% del total del empleo agrícola. Sin embargo, estos predios sólo ocupan el 17% del total de la tierra cultivable, pues el resto es objeto de un proceso de concentración de tierras en manos de la agricultura empresarial. Esta concentración de tierras ocurre por el desarrollo de servicios agrícolas como los pools de siembra, las políticas públicas que favorecen la producción de commodities, y un contexto internacional favorable de precios y demanda de monocultivos como la soja, que han producido un enorme crecimiento de la agricultura empresarial, transformándola en una actividad estratégica en lo que concierne al ingreso de divisas y crecimiento económico, dejando de lado el desarrollo territorial. Este esquema productivo entra en competencia y conflicto con comunidades y familias campesinas, que basan sus estrategias de producción y reproducción en la agricultura familiar, pero que se encuentran inmersas en un fenómeno de expansión de la frontera agropecuaria, con fuertes consecuencias sociales y ambientales.
Igual ocurre en Bolivia, donde el abandono del estado y la apertura comercial, como consecuencia de la ideología neoliberal, han desestructurado gran parte de la economía campesina, originando que la agricultura familiar se encuentre en una situación de estancamiento productivo, por la falta de acceso a tierra e infraestructura productiva, entre otras razones. Esto último, pese a que de las 728 mil unidades productivas existentes en el país, 94% corresponden a la agricultura familiar de base campesina indígena; y que en las áreas rurales del país este tipo de agricultura representa la principal forma de empleo, concentrando el 42% de la población económicamente activa.
Por su lado, en los últimos años, en Colombia, dado el crecimiento desmedido de la ganadería extensiva y los monocultivos, que compiten con la agricultura familiar por el acceso a los recursos, están tomando fuerza las discusiones sobre la necesidad de una política pública para la agricultura familiar que aborde a profundidad los problemas asociados a su baja rentabilidad, a la falta de incentivos y a la escasez de tierras aptas para la agricultura familiar. Esta discusión tiene gran sentido porque en Colombia, de acuerdo al PNUD, el 75,5% de los municipios son rurales, y en ellos vive el 31,6% de la población, que depende en buena medida de la economía ligada a labores agrícolas.
Tomando en cuenta esta realidad, la Red Territorios Visibles, Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, invoca a los estados latinoamericanos a tomar acciones en favor de la agricultura familiar que tomen en cuenta sus necesidades comunes desde el punto de vista de un mayor acceso a la tierra con seguridad jurídica, acceso favorable a los mercados, y apoyo a nivel de capacidades e innovaciones técnicas para la intensificación sostenible de su producción.
Asimismo, es necesario que estas acciones trasciendan el cumplimiento del Año Internacional de la Agricultura Familiar, y que se traduzcan en leyes y políticas planificadas, sostenibles y consultadas con los propios actores, que permitan que la agricultura familiar deje de ser una actividad de subsistencia y se convierta cada vez más en una actividad productiva consolidada y estratégica.
La Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio es una iniciativa impulsada por Acción Campesina de Venezuela, FUNDAPAZ y REDAF de Argentina, Fundación TIERRA de Bolivia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y CEPES de Perú con el objetivo de realizar un seguimiento permanente a la problemática de la tierra y el territorio en la región latinoamericana.
