Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf
El proyecto descansa en la Cámara alta sin que los representantes lo traten. Un grupo de ONG impulsan una campaña para reflotarlo y pide más restricciones. Las organizaciones buscan, entre otras cosas, restringir al máximo las aspersiones aéreas.
Rafaela.— El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y el espacio Encuentro por los Derechos Humanos lanzaron en esta ciudad la campaña provincial para impulsar el tratamiento y la modificación de la ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Entre otros puntos destacados solicitan que se incluya en el proyecto inmovilizado en la Cámara de Senadores prohibir las fumigaciones aéreas y la utilización de químicos agrarios a no menos de 800 metros de poblados, viviendas y escuelas rurales y espejos de agua.
Tal como lo hicieron la semana anterior en Reconquista, los organismos ambientalistas expresaron esta semana la necesidad de que el Senado santafesino se ocupe de debatir el tema. “Pretendemos que este año Santa Fe pueda contar con una nueva ley de agroquímicos que contemple los intereses de los vecinos”, expresó Carlos Manessi, presidente del Cepronat, una de las organizaciones que conforman el colectivo “Paren de Fumigarnos” que integran más de 70 comunidades de la provincia.
“Conseguir la aprobación de la ley será todo un logro y el segundo paso será que la cumplan. Pero como nos va la vida en esto, acá estamos. La campaña trata de buscar la toma de conciencia de que los venenos pueden causar daños porque, como lo dijo la Universidad Nacional del Litoral, no existen venenos inocuos”, explicó Manessi.
“La mal llamada «ley de fitosanitarios» es una norma obsoleta, de 1995, que fue sancionada para otra agricultura y otra realidad de la zona rural santafesina. Quedó totalmente desactualizada y de alguna manera las fumigaciones llegan a la vera de los pueblos porque la ley vigente lo permite y el productor haciendo las debidas recetas sanitarias puede fumigar hasta frente a nuestras casas”, continuó.
“En 2010 conseguimos en la Cámara de Diputados la media sanción de un proyecto de ley que decía que no se podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos pero fue al Senado y como no se la trató durante un año perdió vigencia parlamentaria. En noviembre del año pasado el senador Juan Carlos Zabalza volvió a presentar el proyecto que había caducado. Ahora tendrán que tratarlo antes de noviembre y como tenemos noticias de que no hay voluntad de los senadores para abordarlo, la campaña quiere crear un clima donde la gente entienda que es importante que se trate seriamente de una buena vez”, sostuvo.
Los impulsores de este lobby pidieron que al proyecto de ley que reingresó Zabalza se le agreguen dos puntos. El primero es la prohibición de las fumigaciones aéreas en toda la provincia y damos los fundamentos por el cual agregamos esa modificación. El segundo es que las distancias que deben existir entre las poblaciones y los campos donde se fumigan deben tomar el fallo de San Jorge como referente donde un juez ya dijo que tienen que ser 800 metros.
“Este es un tema de salud y medio ambiente porque en esos 800 metros que hay que dejar entre las fumigaciones y las poblaciones tenemos que volver a recrear los cinturones verdes con el que siempre se alimentó nuestra gente. Hoy eso se perdió totalmente porque la soja llegó hasta los pueblos”, remarcó Manessi.
Las modificaciones. En resumen, el proyecto que los ambientalistas y vecinos fumigados pretenden impulsar incorpora como modificación a la ley 11.273 la prohibición de aplicaciones aéreas de productos líquidos o sólidos de cualquier tipo excepto cuando los fines sean exclusivamente sanitarios y bajo autorización expresa de las autoridades sanitarias y medioambientales.
Respecto a las aplicaciones terrestres, impulsa la prohibición de la aplicación de cualquier producto liquido o sólido de cualquier tipo dentro de un área de 800 metros de las plantas urbanas, establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas; de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
También incorpora la prohibición para todo el ámbito provincial del tratamiento en camiones o vagones mediante productos fitosanitarios de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos. Respecto a este punto prohíbe la venta libre y la utilización de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que los contenga. En razón de su peligrosidad extrema, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia ordinaria o excepcional podrán utilizarse los productos mencionados dentro de zonas urbanas.
El proyecto elaborado por los ambientalistas elimina además el párrafo que habilita a municipios y comunas a dictar normas modificatorias o que posibiliten disminuir las restricciones.
Más allá de que estos reclamos sean o no tenidos en cuenta en la redacción final de la norma, lo cierto es que el proyecto para modificar la ley de fitosanitarios descansa en el Senado sin que se vislumbre una voluntad de convertirlo en ley. La intención de las organizaciones que iniciaron ahora esta cruzada es, justamente, que el proyecto no quede en el olvido y vuelva a perder estado parlamentario. Tienen para difundir su prédica varios meses, pero saben que los tiempos se acortan y que el peor enemigo es el silencio.
Muchos más fitosanitarios que en 1995
Tras la sanción de la ley 11.273, hace más de 15 años, fue incesante el incremento del uso de agroquímicos, tanto en concentración como en cantidad. Esto obedeció no sólo al aumento del área sembrada, sino a la aparición mecanismos de la naturaleza que reproduce sus ejemplares más “resistentes” a la agresión externa. Esto genera una carrera entre agroquímicos y plagas sin un final predecible, en la cual el entorno medioambiental y los seres humanos no resultan meros espectadores.
Cifras oficiales indican el aumento en la venta de agroquímicos en general, que multiplican por varias decenas las cantidades que se utilizaban cuando se sancionó la ley 11.273.
Científicos de la Universidad Nacional del Litoral sostuvieron en un informe de septiembre de 2010 que “no deberían registrarse productos que no detallen todos los ingredientes en su rótulo. Las sustancias denominadas en las formulaciones de fitosanitarios como inertes, coadyuvantes o auxiliares pueden aumentar significativamente los efectos neurotóxicos, genotóxicos y de perturbación endócrina, y aumentar la absorción dérmica, disminuir la eficiencia de indumentaria protectora, aumentar la movilidad y persistencia ambiental.”
Ocurre que los elementos activos presentes en las formulaciones comerciales (objeto de numerosos debates) van unidos a otros productos llamados coadyuvantes, surfactantes, detergentes y demás químicos para facilitar los efectos específicos, en muchos casos genéricamente mencionados y protegidos por el llamado “secreto industrial”.
Al respecto, el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Medicina de la UNR y especialista en salud socioambiental, advierte sobre los riesgos en la utilización de los coadyuvantes disponibles comercialmente. “La acción detergente de los surfactantes está relacionada con enfermedades neurológicas (los detergentes limpian las grasas y nuestro sistema nervioso es fundamentalmente grasa), así como con disrupciones endócrinas”, afirmó.
La primera conclusión de un informe de la UNL es elocuente: “No existen agroquímicos inocuos”. Por eso, se habla de la necesidad de actualizar la legislación provincial, emergida en un contexto cuantitativamente diferente cuando además se desconocían —o subsistía la controversia— sobre el carácter contaminante de todos los agroquímicos que hoy se develan.
