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La Policía cree estar frente a la punta de un iceberg y las pesquisas apuntan al Ministerio de Medio Ambiente. La Nación envía dinero al organismo local, que a su vez debe depositarlo en favor de beneficiarios aprobados. Uno de los detenidos, Oscar Vázquez, tendría numerosos antecedentes por estafa en la provincia de Salta. El gestor de los proyectos truchos es el abogado que denunció al famoso coronel boliviano Willy Gareca.
Fuente: El Tribuno
La sagacidad de un cajero del Banco Macro permitió descubrir una fastuosa estafa con fondos de la ley de bosques, que el Gobierno de la Nación libra a la Provincia, a través del Ministerio de Medio Ambiente para la preservación de las superficies arbóreas nativas y que deben otorgarse -en calidad de subsidios- en favor de particulares, propietarios de las tierras donde éstas se encuentran y que hayan presentado proyectos para su desarrollo sustentable.
Las pesquisas comenzaron a desarrollarse el miércoles pasado, cuando un joven de apellido Yáñez se presentó en la sede central del Banco Macro con la intención de abrir una caja de ahorro en la que deberían ser depositados $200.000 por un proyecto de preservación de bosque nativo, mediante una transferencia despachada desde el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia de Salta.
El empleado a cargo de este tipo de transacciones comprobó que el depósito en favor de Yáñez, que es un residente de la localidad cerrillana de La Merced, estaba realizado, pero no continuó con la operatoria porque sospechó que había algo extraño: el número del documento exhibido por el sujeto era propio de un anciano de más de 80 años y el supuesto beneficiario, por su aspecto, no aparentaba tener más de 40.
Por ello dio inmediato aviso a la Policía, cuyos efectivos detuvieron al hombre. Más tarde se comprobó que, efectivamente, el DNI que portaba era falso y correspondiente a una persona fallecida.
El caso quedó en manos del juez de Instrucción Formal 2, Esteban Dubois, quien ordenó la realización de una completa auditoría relacionada con transferencias de dinero proveniente del Fondo Nacional de Preservación de Bosques en Salta con destino al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, que es el organismo que aprueba los proyectos a nivel local de sustentabilidad del bosque nativo, recibe el efectivo y lo traspasa a los beneficiarios.
Asimismo, el magistrado dictaminó la detención del sospechoso y su inmediato traslado hasta la Alcaidía Judicial.
En forma paralela, por tratarse de recursos despachados desde Buenos Aires y en razón de que está certificado el uso fraudulento de documentos públicos, también tomó intervención el juez federal 1, Julio Leonardo Bavio.
Las pesquisas se están realizando en el más absoluto secreto y no existen versiones oficiales sobre el tema, aunque trascendió que habría un segundo detenido, de apellido Vázquez y con residencia en la ciudad de Salta, a quien se le habrían acreditado de manera similar $400.000.
El Fondo Nacional de Preservación del Bosque Nativo se conforma con la retención de un 2% de las exportaciones agrícolas argentinas, lo que involucra un total de mil millones de pesos, de los cuales un 30% le corresponderían a la Provincia de Salta, es decir, 300 millones de pesos.
De acuerdo con lo que se conoce, hasta el momento en el país hay 113 proyectos aprobados.
Pese al hermetismo con el que manejan las actuaciones en torno del caso, voceros de la investigación manifestaron a El Tribuno que “todo parece indicar que lo descubierto hasta ahora es la punta de un iceberg. Estamos -añadieron- estudiando la documentación para ver cómo salieron las transferencias a nombre de los detenidos y determinar si hay más casos análogos”.
Trascendidos
Fuentes extraoficiales dijeron que el lunes próximo el juez de Instrucción Formal 2 llamaría a declarar al ministro de Medio Ambiente de la Provincia, Francisco López Sastre.
“No hubo estafa por los controles”
El ministro de Medio Ambiente de la Provincia y el Coordinador Legal y Técnico del organismo, Francisco López Sastre y Darío Arias, respectivamente, deslindaron toda responsabilidad del organismo en los intentos realizados por un grupo de personas de cobrar fraudulentamente recursos provenientes del Fondo Nacional de Preservación del Bosque Nativo y por cuyos hechos hay dos sujetos detenidos. “Estos intentos de estafa en perjuicio del Estado fueron abortados, justamente, porque los controles funcionaron”, explicó a El Tribuno el titular de la cartera, quien señaló haber impartido expresas órdenes para que la situación sea investigada a fondo y “hemos puesto toda la documentación que obra en nuestro poder a disposición de los jueces a cargo de la causa, tanto en el fueron provincial como federal”, dijo.
Por los sucesos están detenidos dos sujetos: el primero es el apoderado y supuestamente cotitular de las fincas El Cuchillo y El Totoral, de Rivadavia, propiedad de un productor identificado como Osvaldo Fernández, ya fallecido. El gestor de los beneficios, por $200.000 para el primero de los establecimientos y de $400.000, para el segundo, fue el abogado especialista en temas forestales Julio Chávez, quien alcanzó recientemente notoriedad mediática al denunciar internacionalmente al coronel jefe de Frontera del Ejército Boliviano, Willy Gareca, con asiento en la localidad de Yacuiba, en el vecino país, por haber incursionado en territorio argentino y robado, junto a su tropa, maquinarias y bienes de la firma El Polvaderal, situada en el límite binacional.
Gracias a sus gestiones, las autoridades del gobierno de Evo Morales devolvieron los elementos a sus legítimos propietarios.
En relación al último suceso “que quedó en intento de estafa porque no llegó a concretarse “gracias a que, repito -dijo López Sastre-, los controles funcionaron”, fue detenido el miércoles pasado en la sede central del Banco Macro, un cerrillano identificado como José Yáñez, quien se presentó a abrir una caja de ahorro para recibir un subsidio de $200.000, con un DNI a nombre del titular de las tierras de Rivadavia con proyecto de preservación arbórea nativa, Osvaldo Fernández, ya fallecido. La acción derivó en la aprehensión de Vázquez, a cuyo nombre, como cotitular de otra finca de Fernández, se le habían depositado $400.000, que fueron congelados. Vázquez actuaba con un poder supuestamente librado por el fallecido, ante un escribano de Tucumán.
