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Salta: Restituyen 643 mil hás a comunidades originarias y criollas. «Importante pero no definitivo», dicen dirigentes

uep mapaDespués de 30 años de gestiones y al límite del vencimiento de una nueva prórroga otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, organizaciones lograron que el Gobierno provincial reconociera sus derechos sobre el territorio de los Lotes 55 y 14.

Mediante un decreto firmado el lunes por el Gobernador Juan Manuel Urtubey, se restituye a las comunidades indígenas una superficie cercana a las 400 mil hectáreas y avala la propiedad de familias criollas sobre otras 243 mil. 

Las organizaciones tanto indígenas como criollas esperan que tras este acto se avance en el demorado proceso de delimitación de los lotes y la titulación efectiva de la tierra.

La firma del decreto 1498 que restituye 643 mil hectáreas de tierra a comunidades indígenas y familias criollas del departamento Rivadavia, al noreste de la provincia de Salta, constituye un paso fundamental en el reconocimiento de derechos, pero el trabajo no termina ahí. Así lo manifiestan dirigentes tanto indígenas como criollos que vienen sosteniendo un histórico proceso de negociación para que las tierras de los Lotes 55 y 14, puedan ser ocupadas de forma pacífica y efectiva por todos los pobladores con derechos sobre ese territorio.

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Juan Manuel Urtubey entrega el decreto a representante de comunidades originarias.
Foto: El Intransigente (Salta)

“Luego de mucho trabajo nuestro hemos llegado a este momento de firma del decreto que es importante como acto político, pero falta todavía otro acto más importante que es la entrega de la titulación definitiva de las tierras”, señaló Francisco Pérez, coordinador de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat. “El Gobierno no quería que este caso pasara a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos), por eso surge la firma de este decreto. Con esto se nos reconocen las 400 mil hectáreas que veníamos reclamando, pero todavía no sabemos bien la delimitación de esa tierras, ni sabemos si el Gobierno va a cumplir con la entrega de un título único para las 70 comunidades, sin divisiones internas, que es uno de reclamos nuestros que respalda la Comisión”.

La evaluación de Dante Albornoz, de la Organización de Familias Criollas – OFC, es similar. “Nosotros lo tomamos como lo que es, algo importante pero no definitivo. Porque si bien nos entrega los lotes a nombre de los criollos y los aborígenes, no nos entrega la ubicación específica de las parcelas nuestras. Lo que nosotros queremos es que el Gobierno provincial cumpla con el compromiso de reubicación de las cerca de 80 familias criollas que tienen su tierra en superposición con la de las comunidades indígenas, hasta ahora sólo se han trasladado 8 familias. Este traslado tiene que tener ciertas condiciones, como un cerramiento para poder limitar el área de nuestras vacas, agua y si es posible energía”.

Derecho indígena, derecho campesino y una solución para todos
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Reuniones de diálogo entre comunidades indígenas y familias criollas en la zona de La Puntana

La ganadería, actividad tradicional de las familias criollas de la zona, venía deteriorando gravemente los recursos naturales en el territorio, afectando, entre otras cosas, tareas de caza y recolección vitales para la forma de vida indígena. Bajo la idea de que ambas poblaciones tienen derecho a la tierra – tal como lo indica la Constitución Nacional en el art. 75, Convenio 169 de la OIT y el Código Civil-, Lhaka Honhat y la OFC han venido trabajando en conjunto para lograr una solución aceptable para ambas partes. Desde 2007 existe un acuerdo marco de distribución de superficie, formalizado y ratificado bajo diversos decretos provinciales. El punto crítico está en la ubicación específica de los lotes de las 463 familias criollas con derechos, especialmente en los casos en que la ubicación de sus puestos ganaderos se superpone con la ocupación tradicional indígena.

La cronología del caso indica que desde 2009 se viene intentando avanzar en esta delimitación, pero a la fecha sólo se avanzó sustancialmente en la zona al norte de la ruta 54. Para llegar a esto las comunidades tuvieron múltiples reuniones con los vecinos criollos, la mayoría de las cuales se realizaron sin participación del Estado provincial. Es rol del Gobierno, a través de la Unidad Ejecutora (UEP), ir formalizando los acuerdos y generando las condiciones para el traslado de los criollos. Si no hay claridad en la distribución del territorio, seguirá existiendo conflicto, por eso los líderes consultados indican que para la resolución satisfactoria de este caso la entrega del título, aunque importante, no es la solución definitiva del problema.

“Acá hay una organización criolla y aborigen que vienen trabajando en conjunto, que somos los que venimos llevando esta negociación, el acercamiento entre partes. Pero necesitamos que el Gobierno ponga voluntad, generando las condiciones para que todo esto concluya bien”, señaló Dante Albornoz, representante de las familias criollas. Francisco Pérez, de Lhaka Honhat, agrega que “los acuerdos entre nosotros siguen, pero durante todo este tiempo de negociación que tuvimos con los criollos el gobierno no se movió para nada y nosotros creemos que ahora esto queda en sus manos, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)”.

En este proceso las familias tanto de Lhaka Honhat como de la OFC han contado con el apoyo técnico de ASOCIANA y FUNDAPAZ, y con la asesoría jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS.

Bajo la lupa de la CIDH

Lhaka Honhat

El reclamo de tierras comenzó a ser gestionado por Lhaka Honhat ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1998. En febrero de 2012 este organismo emitió un informe en el que  respaldaba el reclamo de las comunidades, solicitando el levantamiento de los alambrados existentes, control forestal y la entrega de un título único para las comunidades Wichí, Qom, Tapiete, Chulupí y Chorote, además de una reparación histórica a las comunidades por los perjuicios sufridos, principalmente por obras realizadas en el territorio sin consulta.

“El Comisionado (de la CIDH) vino dos veces en el último año, y en su última visita en mayo vio que había cosas que habían avanzado pero otras que se seguían postergando por varios meses, por eso fue que dio un tiempo más para que cumplieran, hasta junio”, cuenta Francisco Pérez de Lhaka Honhat. De no avanzar sustantivamente en la resolución de este caso, el Gobierno de Salta arriesgaba que el reclamo pasara a instancias de la Corte Interamericana. El decreto 1498 fue promulgado por la provincia de Salta el 29 de mayo de este año. Francisco Pérez, agrega “el tema está en manos del Gobierno, si ellos cumplen con todas las recomendaciones nosotros estamos dispuestos a colaborar para que las cosas salgan bien”.

AUDIOS

Francisco Pérez, coordinador de la Asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat comenta el decreto firmado por el gobierno de Salta que reconoce sus derechos sobre un territorio cercano a las 400 mil hás de los lotes fiscales 55 y 14. Los temas pendientes para la resolución efectiva de su reclamo.

El coordinador de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat, Francisco Pérez, detalla las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en el Informe presentado en febrero de 2012 y tras dos visitas al territorio.

Dante Albornoz, dirigente de la Organización de Familias Criollas (OFC) del Chaco Salteño, comenta las implicancias del decreto 1489 que reconoce sus derechos posesorios sobre más de 230 mil hás de los Lotes 55 y 14. Detalla los temas pendientes de parte del Gobierno para lograr que tanto criollos como indígenas puedan lograr un buen desarrollo de sus actividades en el territorio.

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