Desmontes en Tucumán: ¿Con el guiño del poder político?

A partir de una denuncia de desmonte que llegó a ComAmbiental desde La Cocha, provincia de Tucumán, surgió el trabajo conjunto con un periodista del medio provincial Primera Fuente. La finca cuestionada se encuentra en zona de protección amarilla y pertenece a Antonio Jalil, que fue un alto funcionario de confianza del gobernador José Alperovich.

Fuente: Comunicación Ambiental

El libre acceso a la información ambiental demoró seis meses. Aún así quedaron preguntas: ¿Con qué criterio se desmontó? ¿El impacto ambiental puede compensarse con una multa? ¿Hubo tráfico de influencias? Aquí el informe especial, por Esteban Stanich con colaboración de ComAmbiental.

Bosques nativos del sur de la provincia, otra vez bajo el ataque de desmontes ilegales

Dos nuevos casos de deforestación se constataron en la zona de Los Pizarro (departamento La Cocha). Ambos fueron ratificados por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia. Confirman que al menos uno de los lugares arrasados pertenece al ex secretario General de la Gobernación, Antonio Jalil.

El irrefrenable avance de la frontera agrícola no entiende de leyes antagónicas. Tampoco del valor que un ecosistema tiene para el desarrollo de diferentes manifestaciones de vida. Los bosques nativos que aún sobreviven en pie en la provincia son las víctimas más endebles de esta depredación. Sin resistencia alguna, su único lamento es el ruido resultante de sus pesadas caídas.

Mientras desde el Gobierno admiten que se registraron sólo dos casos, vecinos aseguran que en los últimos meses los desmontes en zonas pedemontanas del sur tucumano fueron reiterados. El área en cuestión se denomina Los Pizarro, en el departamento de La Cocha. Se estima que en la provincia sólo quedan algo más de 900 mil hectáreas de bosques nativos.

Oficialmente, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos detectó dos desmontes ilegales en el lugar en lo que va del año. El primero de ellos, en enero, cuando se comprobó que 60 hectáreas de bosques nativos habían desaparecido. El responsable fue el propietario de esas tierras, Antonio Jalil, ex secretario General de la Gobernación del gobernador José Alperovich.

Flora y Fauna permitió a Jalil afectar 40 hectáreas para un proyecto agrícola. Por el desmonte de las 20 hectáreas excedentes se le aplicó una multa económica que le permitió explotar la totalidad de la superficie arrasada.

“Antes de la sanción de la Ley de Bosques a los productores les convenía pagar las multas y disponer de las tierras que irregularmente desmontaron. Ahora, con la nueva normativa, no sólo deben pagar por el daño sino que están obligados a reforestar”, explicó Daniel Manso, titular de la mencionada repartición.

“El permiso otorgado a Jalil para desmontar esa zona se otorgó antes de la Ley de Bosques y cuando aún yo no estaba en el cargo. Hoy eso no podría hacerse ya que la zona en cuestión se halla dentro de la categoría amarilla o roja. Sólo se conceden autorizaciones para áreas verdes”, explicó Manso.

La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 –promulgada en diciembre de 2007 y reglamentada en 2009- exhorta a todas las provincias a realizar un ordenamiento de sus áreas boscosas y fija tres categorías de protección: roja para bosques de muy alto valor de conservación los cuales son intangibles, amarillo para los que toleren un manejo sustentable, y verde para los que se puedan transformar total o parcialmente. En todos los casos, cualquier tipo de intervención depende de un permiso oficial. En Tucumán el organismo a cargo de esto es la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.

El otro caso detectado se dio en la misma zona de Los Pizarro, en un sitio conocido como El Nogal donde se tiraron abajo 40 hectáreas ricas en especies arbóreas como ceviles, pacarás, lapachos y palos lanzas. Hasta hora, se intenta determinar quién fue el responsable de esta tala. Según Manso, el hecho se produjo en un campo que ya no pertenecería a Jalil, ahora en manos de una firma cuyo nombre no pudo ser precisado. Desde esta firma aseguran que se hicieron cargo del predio una vez consumado el desmonte. Jalil afirma lo contrario.

“Estamos esperando los descargos para luego aplicar la multa correspondiente. Pedimos a la firma que se identifique a sus propietarios. De todas formas es importante aclarar que la superficie afectada es pequeña para las proporciones que hoy se manejan en cuanto a desmontes ilegales”, explicó Manso.

Sin embargo, la preocupación de vecinos de la zona arrasada no distingue hectáreas. Para ellos, la depredación de los bosques nativos implica un sensible daño ambiental cuyas consecuencias pueden ser trágicas. “Los desmontes por aquí se vienen repitiendo hace bastante tiempo. Años atrás sufrimos fuertes inundaciones porque el agua y el barro que bajan de la montaña ya no encuentran la contención de los árboles. No entiendo cómo se permitió que arrasen una zona pedemontana”, se quejó Rossana Romero, vecina de La Cocha.

“Para dar un permiso de desmonte debió hacerse un estudio de impacto ambiental tal como lo marcan las normas. Me pregunto qué criterios usó Flora y Fauna para permitir que se quiten árboles de ese lugar. Es inevitable pensar en la cercanía de Jalil con el gobernador José Alperovich. Causaron un daño irreparable.” disparó Romero.

Más allá del avance contra lo que queda de bosques nativos, en el gobierno provincial se mantienen expectantes en cuanto al éxito a la hora de preservar a las áreas verdes. “Todo lo que es el pedemonte, el cerro, está en amarillo o rojo y Tucumán innovó en los colores poniendo al pastizal de altura el color marrón como buffer de protección con restricción de normas provinciales. Entendemos que Tucumán es agua y destruir los bosques de pedemonte y zonas de altura es casi un suicidio porque nuestra recarga de agua se da en ese sector, con lo cual esta ley nos permitió ordenar el territorio y seguir trabajando”, afirmó el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván en diálogo con ComAmbiental.

Desmontes en plena emergencia forestal. La propia Secretaría de Ambiente de la Nación reconoció que existe una verdadera emergencia forestal. Entre 1998 y 2003 desaparecieron 781.932 hectáreas, pero en los últimos cuatro años la cifra creció: los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a 821 hectáreas de bosques por día o 34 por hora.

Se estima que Argentina ya perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos. Las zonas más afectadas fueron las provincias del noroeste, los bosques chaqueños y la selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca).

De 100 mil hectáreas de bosques que había a principios del siglo pasado hoy apenas quedan algo más de 30 mil.