Declaración de Organismos Intergubernamentales Latinoamericanos sobre Tierra y Territorio

“La tierra, además de ser el principal medio de producción para el conjunto de las economías de los países de América Latina, contiene una serie de valoraciones y significados que escapan a la valoración comercial sobre la misma. Por lo tanto, consideramos que la tierra no debe ser considerada como un simple bien de intercambio comercial, sino como un escenario dinámico y culturalmente apropiado para el desempeño de múltiples actividades  y que contiene la riqueza y la diversidad de los países de la región”.

DECLARACIÓN DE LIMA

La tierra, además de ser el principal medio de producción para el conjunto de las economías de los países de América Latina, contiene una serie de valoraciones y significados que escapan a la valoración comercial sobre la misma. Por lo tanto, consideramos que la tierra no debe ser considerada como un simple bien de intercambio comercial, sino como un escenario dinámico y culturalmente apropiado para el desempeño de múltiples actividades  y que contiene la riqueza y la diversidad de los países de la región; así como un derecho fundamental al cual deben acceder varones y mujeres en igualdad de oportunidades. La regularización de la tenencia de la tierra a favor de aquellas y  aquellos que la trabajan constituye un paso fundamental para la generación de políticas y programas de desarrollo sostenible, inclusivos y justos que aseguren la democracia y la paz social en nuestros países.

La II Conferencia Regional de la International Land Coalition en América latina (ILC),  en la cual participaron representantes de organizaciones de sociedad civil de 11 países, así como representantes de organismos intergubernamentales, al concluir los trabajos y debates sobre Tierra y Territorios: Derechos, Dinámicas y Tendencias; celebrada en Lima, Perú, los días 21 y 22 de octubre del año 2009, declara que:

1. La tierra es un bien limitado, por lo que la asignación de los derechos sobre su acceso, uso y control, debe expresar equidad y responsabilidad colectiva.

2. Los conceptos de desarrollo y modernización son utilizados frecuentemente para justificar las intervenciones y transformaciones en los territorios rurales, sin que exista una ponderación de los intereses de las comunidades locales. El desarrollo no es un proceso único y no puede ser aplicado de forma indistinta a todas las poblaciones del mundo. Reconocer el carácter diverso de los pueblos de las Américas implica reconocer las diversas culturas y formas según las cuales nuestros pueblos definen su bienestar.

3. Reconocemos que no existe una sola dimensión de la producción agropecuaria, por lo que no debería existir una sola política de los estados de la región latinoamericana frente a los desafíos que implica la salvaguarda de la agricultura familiar y las economías campesinas en el contexto de la economía global. Por lo tanto, hacemos un llamado para que se implementen políticas públicas diferenciadas en el sector rural en torno a la diversidad de los territorios y de la agricultura.

4. Los tratados de libre comercio favorecen procesos de tecnificación e intensificación de la producción, donde se prioriza la productividad y la renta económica, y donde las nuevas reglas de juego favorecen a grandes intereses económicos y perjudican a las poblaciones locales que tradicionalmente han ocupado la tierra. Es necesario que se revisen los tratados de libre comercio debido a que estos generan impactos en la producción local y nacional de alimentos,  comprometen la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos de nuestra América Latina, e incrementan la desigualdad y la exclusión.

5. Los procesos de concentración de la tierra y de la riqueza tienen una historia de larga data en la región y presentan múltiples facetas y dimensiones. Estos procesos, relacionados a su vez con la liberalización comercial, establecen nuevas dinámicas territoriales donde prevalece el incremento de la desigualdad, la concentración del poder local y su posición de dominio económico, así como dificultades en la gobernabilidad territorial.

6. La destinación de grandes extensiones de tierra para monocultivos tiene como consecuencia la pérdida de la calidad de la tierra y afecta la soberanía alimentaria. Asimismo, la introducción y el uso de transgénicos afecta la biodiversidad y amenaza los medios de subsistencia de las y los agricultores.

7. En el contexto actual, no basta con el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, se requieren esfuerzos para avanzar firmemente hacia la promoción, el reconocimiento y el respeto de su derecho a la libre determinación. El proceso post-constituyente de Bolivia es una oportunidad para la plena expresión de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas a través de la implementación de las autonomías en el marco de la evolución del Estado democrático. Dicho proceso es un referente para  la incorporación en las constituciones de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

8. Destacamos el importante papel que cumplen las mujeres campesinas en la economía rural y la seguridad alimentaria. Sin embargo, constatamos que aún se mantienen condiciones de desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres en cuanto al acceso y control de los recursos naturales, como es el caso de la propiedad de la tierra. Reconocemos la importancia de los sistemas colectivos y de propiedad compartida entre hombres y  mujeres frente a la tenencia de la tierra, y resaltamos el desafío de constituir derechos individuales de las mujeres sobre la tierra como una forma de asegurar la economía familiar y la sostenibilidad de estos grupos familiares.

9. La capacidad de respuesta por parte de la sociedad civil a los problemas de concentración, acceso y distribución de tierra depende en buena medida del acceso y construcción de sistemas de información que permitan monitorear y reportar las complejas dimensiones de estos problemas, así como sus impactos en las dimensiones sociales, económicas y ambientales de los pueblos rurales. Se tienen que fortalecer sistemas de información que permitan realizar análisis independientes de estas tendencias en las áreas rurales para incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas inclusivas que vinculen el acceso seguro a la tierra y a los territorios con la erradicación de la pobreza.  Asimismo, se resalta la necesidad  de contar con información accesible y confiable sobre titulación y registro de la propiedad de la tierra con información desagregada por sexo, por lo que es necesario avanzar en el recojo de información de estadísticas nacionales.

10. El proceso de control de recursos vitales a través de la concentración de la tierra genera a menudo violencia en contra del sector campesino e indígena, la que afecta la gobernabilidad democrática. Reconocemos los esfuerzos de las organizaciones campesinas y las representaciones de los pueblos originarios en la defensa de su territorio, en especial de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.

11. Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo y la democracia de Honduras, gravemente afectados por un golpe de Estado contrario al derecho internacional y la justicia.

Lima, Perú

22 de octubre de 2009

La International Land Coalition (ILC) es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control sobre ella, de hombres y mujeres pobres mediante la promoción, el diálogo y la creación de capacidad.

La Conferencia Regional “Tierra y Territorios: Derechos, Dinámicas y Tendencias”, fue organizada con ocasión del II Encuentro Regional de la ILC en América Latina y tuvo lugar en Lima, Perú, del 21 al 22 de octubre de 2009.